miércoles, 17 de agosto de 2011

Las Casitas en la mira del delito de trata en Santa Cruz

09:30 - Es inminente la reapertura de las “casitas”. (Foto: H.C).
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Mientras que en Chaco se lleva adelante el primer juicio por trata de personas en el que se acusa al propietario de una de las “casitas” de Río Gallegos, producto de la investigación de una Jueza Federal, en nuestra ciudad se levantaría la clausura de estos lugares dado que la Cámara Federal de Apelación, en su fallo, dijo que no se comprobó este delito.


El lunes en la provincia de Chaco comenzó el juicio oral por el delito de trata de personas  nada más y nada menos, por el caso de una joven que había sido raptada por una red que derivó en su explotación en “El Deseo”,  un lupanar en el que actuó la policía en el 2009, antes de la clausura de las “casitas”, y que tiene como  imputados a dos sujetos de Río Gallegos, uno de ellos, el propietario del local nocturno.
Esto fue resultado de la investigación que llevó adelante la jueza Federal Zunilda Niremperger.
Otra Jueza Federal, pero de Río Gallegos, Ana Cecilia Alvarez, hace dos años atrás
-aquel 6 de junio de 2011- clausuró las casa de tolerancias emplazadas detrás de la Terminal.

Fallo
La Cámara Federal de Apelaciones en su fallo sostuvo que no pudo comprobar  el delito de trata de personas o proxenetismo. Esto fue apelado mediante un recurso de casación interpuesto por el Fiscal de Comodoro Rivadavia, aunque la resolución fue reafirmada por la Cámara, por lo cual se estima que dentro de días el expediente sea girado a Río Gallegos y remitido a la jueza Federal Subrogante, Ana Alvarez, para que de esta forma se revoque la clausura.
Diversas organizaciones  e incluso el secretario de Estado de Derechos Humanos, Humberto Quiñones, marcaron que  más allá del fallo la Municipalidad no debía levantar la clausura, independientemente de lo que dispuso la Justicia.
Es que Carlos Marucco, ex secretario de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, y que asesora en Gestión Política de Derechos Humanos a la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, marcó en diversas oportunidades que hubo trata de personas en estos lugares a pesar de que la Justicia dijo lo contrario.
Marucco sostuvo que cuando mantuvo conversaciones con la jueza Alvarez, se  informó que “había libros de pases”. “Eran libros que decían lo que debían cobrar las chicas. Tanto es así que cuando finalizó  el procedimiento Alvarez les entregó  a estas chicas parte del dinero que en esos libros decía. Puede ser que la Justicia de Comodoro Rivadavia haya entendido que no hay trata, pero en eso no estamos de acuerdo”.
En tanto, en la causa constan más de 120 testimoniales de las trabajadoras sexuales, las cuales ninguna admitió haber estado en contra de su voluntad en las dos manzanas situadas detrás de la Terminal de Omnibus.

A medida
La abogada y Secretaria Técnica de la organización, Dra. Ana Chávez, quien pertenece al grupo de trabajo migrante  sostuvo  que la resolución de  la Cámara de Apelaciones fue hecha “a medida de los proxenetas de Santa Cruz. Parece que los jueces  trabajan para ellos”.
Agregó que “el proxenetismo no está legalizado en este país y lo tiene que aprender. Hay que hacer cesar el delito de proxeneta porque no representa ningún negocio ni es un problema social como señala en el fallo. Es un problema penal y se tienen que hacer cargo los jueces y si la Cámara es impune, se  sabe cuál es el camino para los jueces que desobedecen la ley”, afirmó.




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