Nota publicada en diario tiempo sur en entrevista realizada al asesor de la Plataforma interamericana de DDHH Alberto Marucco

Se trata de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Su asesor, Carlos Alberto Maruco, sostuvo además que cuando se efectuó el operativo de clausura se encontraron “libros de pases” que marcaban cuanto dinero cobraban las mujeres. Enviarán una carta que cuestionará lo resuelto por la Cámara de Apelaciones.



El ex secretario de Estado de Derechos Humanos de Santa Cruz, Carlos Alberto Marucco se desempeña como asesor en Gestión Política de Derechos Humanos de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo.
Esta entidad criticó ayer duramente mediante un comunicado la reapertura de las casas de tolerancia, que para que el municipio las habilite deberán estar encuadradas como Cabaret “Clase C”, figura que para Maruco, el debería derogarse.
El ex funcionario advirtió que hubo trata de personas en estos lugares a pesar de que la Cámara Federal de Apelaciones en su fallo, no comprobó este delito.

En agenda
Marucco indicó que el Estado santacruceño “puso en la agenda pública” la trata de persona y dio a conocer a la sociedad esta problemática, dado que Santa Cruz ocupa un lugar de destino “en esta red”.
“Cuando digo red, hay que ver lo que significa: la captación de la víctima, traslado y explotación. Cuando se dan estas circunstancias la justicia debería entender que hay trata de personas”, marcó.
En este punto, recordó que en diversos casos en los que trabajó años atrás y en lo que actualmente conoce, se detectaron mujeres provenientes de Paraguay, Corrientes o Santa Fe, que no llegaron a nuestra ciudad por “motus propio”.
“Los casos rescatados han sido porque una persona les paga el pasaje y las acompaña hasta Santa Cruz”, precisó.
Concretamente esta organización que Maruco asesora, cuestiona el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones que promovió el levantamiento de la clausura el pasado 15 de junio.
Argumentó que cuando mantuvo conversaciones con la Jueza Federal Ana Alvarez- quien dispuso la clausura de las “casitas” dos años atrás- informó que “había libros de pases”. “Eran libros que decían lo que debían cobrar las chicas. Tanto es así que cuando finalizó el procedimiento Alvarez, les entregó a estas chicas parte del dinero que en esos libros decía. Puede ser que la justicia de Comodoro Rivadavia haya entendido que no hay trata, pero en eso no estamos de acuerdo”.
Se preguntó de qué negocio se habla cuando la abogada de los dueños de los lupanares, Jovita Vivar, dice “propietarios de las casitas”. “Hay chicas, hay habitaciones, es un prostíbulo”, sentenció.
Ante esto adelantó que “gestionan” una carta que especifique esta postura en la que se detalla la lucha contra la trata y por la cual se buscará adhesiones, para luego ser remitida a la Cámara y así “que le haga llegar a la Cámara de apelaciones la figura que esgrime”. “El ámbito de la justicia es bueno que tenga en su escritorio opinión de lo que la comunidad piensa sobre los fallos”, destacó
En tanto, sostuvo que lo resuelto por el órgano judicial “vuelve atrás” la situación judicial, por lo cual es el municipio el que debería habilitarlas. “Quisiera que la Municipalidad creara alguna medida normativa sobre estas casitas. Porque se lo dijimos y advertimos que la justicia en algún momento se iba a expedir. En estos dos años quiero saber que se hizo”, se preguntó y se contestó que “reguló la prostitución”. (lea la nota completa en la edición impresa)